Los olvidados de siempre

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La Agrupación Nacional de Ex Presos Políticos de Iquique, no descarta movilizaciones si el Estado no tiene la voluntad de escuchar sus peticiones, instancia que será resuelta el 3 de marzo en un encuentro nacional para determinar el quehacer público.
En los resultados logrados en el encuentro interregional, realizado el 9 y 10 de febrero, se acordó que las organizaciones de Ex - presas y presos políticos de Arica, Iquique y Antofagasta, tienen 5 puntos urgentes de discusión con las autoridades. Así lo informaron a este medio los dirigentes Enrique Brito, Violeta Coydan, Héctor Hinostroza, Odesa Flores y Rosa Pizarro.
DIRIGENTES
Los dirigentes expresaron que "de acuerdo a la traumática situación que debieron sufrir cientos de personas por la violación de sus derechos humanos, el estado chileno debe reparar de manera digna, justa y oportuna el daño ocasionado. Es por ello que exigimos a las autoridades escuchar nuestras peticiones", enfatizó Odesa Flores.
La Agrupación solicita la extensión y reforma de la Ley 19.992 (Ley Comisión Valech), para que sea posible la reapertura de la inscripción de personas que por alguna razón quedaron excluidas de ser consideradas víctimas de violaciones de sus derechos humanos por parte del estado chileno.
Exigen eliminar la consideración que consagra la impunidad de los culpables de las violaciones de los Derechos Humanos, por la vía del ocultamiento de sus identidades y culpabilidades durante 50 años.
Además, solicitan establecer en cada localidad, región y provincia, "Casas-Prais", con profesionales idóneos para atender las situaciones de salud física y mental de las víctimas y sus familias.
También se pidió la extensión de los beneficios de educación a los hijos(as) y nietos(as) de prisioneras y prisioneros políticos, debido a que en la actualidad el 85 por ciento de ellos tienen una edad mayor de 50 años y por distintas razones no harán uso de este beneficio.
Finalmente, solicitan resolver la situación de vivienda de aquellos ex - prisioneras y prisioneros políticos que no poseen casa propia o que deseen mejorar su calidad de vivienda, a través de programas de subsidios con aval del estado. En este punto también incluyen la condonación de deudas, entrega de programas especiales de mejoramiento y mecanismos que impliquen el acceso a viviendas dignas y adecuadas.
La Agrupación Nacional de Ex Presos Políticos de Iquique, no descarta movilizaciones si el Estado no tiene la voluntad de escuchar sus peticiones, instancia que será resuelta el 3 de marzo en un encuentro nacional para determinar el quehacer público.
En los resultados logrados en el encuentro interregional, realizado el 9 y 10 de febrero, se acordó que las organizaciones de Ex - presas y presos políticos de Arica, Iquique y Antofagasta, tienen 5 puntos urgentes de discusión con las autoridades. Así lo informaron a este medio los dirigentes Enrique Brito, Violeta Coydan, Héctor Hinostroza, Odesa Flores y Rosa Pizarro.
DIRIGENTES
Los dirigentes expresaron que "de acuerdo a la traumática situación que debieron sufrir cientos de personas por la violación de sus derechos humanos, el estado chileno debe reparar de manera digna, justa y oportuna el daño ocasionado. Es por ello que exigimos a las autoridades escuchar nuestras peticiones", enfatizó Odesa Flores.
La Agrupación solicita la extensión y reforma de la Ley 19.992 (Ley Comisión Valech), para que sea posible la reapertura de la inscripción de personas que por alguna razón quedaron excluidas de ser consideradas víctimas de violaciones de sus derechos humanos por parte del estado chileno.
Exigen eliminar la consideración que consagra la impunidad de los culpables de las violaciones de los Derechos Humanos, por la vía del ocultamiento de sus identidades y culpabilidades durante 50 años.
Además, solicitan establecer en cada localidad, región y provincia, "Casas-Prais", con profesionales idóneos para atender las situaciones de salud física y mental de las víctimas y sus familias.
También se pidió la extensión de los beneficios de educación a los hijos(as) y nietos(as) de prisioneras y prisioneros políticos, debido a que en la actualidad el 85 por ciento de ellos tienen una edad mayor de 50 años y por distintas razones no harán uso de este beneficio.
Finalmente, solicitan resolver la situación de vivienda de aquellos ex - prisioneras y prisioneros políticos que no poseen casa propia o que deseen mejorar su calidad de vivienda, a través de programas de subsidios con aval del estado. En este punto también incluyen la condonación de deudas, entrega de programas especiales de mejoramiento y mecanismos que impliquen el acceso a viviendas dignas y adecuadas.

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